Que Joaquín Luna es un picha-pasá no es noticia. Lo demuestra en cada ocasión que le llega. Por norma general, las opiniones de cualquier picha-pasá pueden —y deben— ignorarse, ya que al no tener ninguna base sólida de cualquier tipo, suelen desmoronarse rápidamente. No es el caso en su columna del sábado 4 de febrero, titulada “La vida sexual y la justicia”, en la que achaca de “ridiculez ideológica” las denuncias interpuestas por mujeres que mantuvieron relaciones sexo-afectivas con un policía infiltrado, estando él en el ejercicio de sus funciones. La ridiculez, para Luna, se deriva en que:
- las denunciantes aducen tortura
- las denunciantes, aunque engañadas, consintieron
Luna tiene los cojones de quejarse, encima, del “flaco favor que le hacen las denunciantes a las mujeres violadas”. A Luna, y a su picha-pasadismo, le “inquieta que los tribunales de Barcelona den la razón a las demandantes y sienten jurisprudencia”… Bien. A mí, y a cualquier persona en su sano juicio, debería cuando menos preocuparle que el Estado ordene a sus trabajadores que mantengan relaciones sexuales y afectivas para investigar a ciudadanos. Y, peor aún, ordenar a policías que mantengan relaciones sexuales con A para investigar mejor a B.
A ver si logro decirlo bien y que se me entienda: no todo vale. Incluso en la lucha antiterrorista, no todo vale. Y eso incluye prácticas tan fuertes como ordenar a funcionarios mantener relaciones sexuales con ciudadanos que no están siendo investigados por ningún delito. Y si lo estuvieran siendo, tampoco estaría justificado. Y sí, Joaquín. Es tortura. ¿Por qué? Por varias razones. La más importante, es que el policía estaba en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que actuaba en nombre y en representación del Estado. Y esto, señores, señoros y picha-pasás, es de las cosas más graves desde los GAL.
Lo voy a repetir: el Estado no puede cruzar ciertas líneas en la investigación de los delitos. Si la conocida como “ley de la patada en la puerta” nos protege, a todos, de la acción indiscriminada de la policía y garantiza la inviolabilidad de nuestra casa, nuestros cuerpos —si, señoros, los suyos también— deben estar también protegidos contra la acción arbitraria del Estado.
La Constitución Española, aquello que tantos dicen adorar, muy pocos han leído, y aún menos comprenden –y menos aún se creen–, dice en su artículo 10.1 que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.
El artículo 15 establece el derecho a la integridad física y moral y prohíbe la tortura y los “tratos degradantes”.
El artículo 16 garantiza la libertad “sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.
El artículo 17 garantiza el derecho a la libertad y a la seguridad.
El artículo 18 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar.
Y quizá el más importante, y por eso aparece antes, el artículo 9.1 establece que los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico. Es decir, que el Estado y todos sus funcionarios están sujetos a la ley. ¡Sorpresa!
Queridos Luna y todo el resto de la caterva de picha-pasás y ranciedades variadas. El tema no es si hubo consentimiento. De hecho, ¡es irrelevante! El Estado no puede follarse a los ciudadanos sin que sepan que es el Estado quien se los está follando, y la razón por la que lo hace. Lo digo así para que se entienda fácil y rápido. No puede hacerlo, y no hay discusión. Porque hacerlo atenta contra todo principio democrático y del Estado de Derecho. Y además, la situación debería levantar muchas preguntas sobre aquellos que, supuestamente, trabajan para protegernos.
No es el consentimiento, pedazo de cabestros. Es la confianza necesaria para salir a la calle tranquilos, sin tener que preocuparte de estar pensando en si aquel o aquella con quien te acostaste ayer, pueda ser un inspector o inspectora de hacienda investigándote por aquel IVA que no declaraste hace dos trimestres.
Es la confianza básica necesaria de saber que los funcionarios y agentes de policía que deben velar por nuestra seguridad no son personas que ni tan solo cuestionan órdenes de tal bajeza moral, ética y legal como follarse a alguien para conseguir información en una investigación.
Es la confianza básica necesaria para mantener un orden social sano y libre para todos, Joaquín. Y también habría que dudar que esto sea del todo legal. Pero para eso están los jueces. Para dictaminar si las acciones, también las del Estado, son legales, y así establecer jurisprudencia. Porque las cosas no son legales simplemente porque las haga el Estado, Joaquín. Eso es lo que decía Nixon. Y mira como terminó.
De esta forma tendremos un poco más de garantías de vivir en un país en el que el Estado no se folla a sus ciudadanos cuando le da la gana.
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