Desresponsabilización

Escribo estas notas a raíz del artículo «La unificación de doctrina del supremo solo afectará a una parte menor de los casos», sobre la famosa ley «solo sí es sí», publicado en El País el 19 de noviembre de 2022.

A menudo, cuando vemos que alguien va a cometer un error, o que puede causar algún perjuicio, ya sea a ellos mismos o a terceros, pensamos que es mejor no intervenir, que «así aprenderá». Esta des responsabilización es, en ocasiones, peligrosa.

Bajo la falsa premisa de «como a mí no me afecta, no voy a decir nada» se dejan pasar atrocidades. La (pen)última, la ley conocida como «solo sí es sí», que tras su aprobación, ha empezado a activar el circuito de solicitudes de revisión de penas, previsto en nuestro sistema legal.

Las leyes tienen un proceso de redacción, debate y aprobación, y es así por algo. Se ha escrito mucho y muy bien sobre todo lo que ha fallado en este proceso legislativo. Pero hoy quiero —y deberíamos todos— incidir en una salvaguarda importante que ha fallado: la responsabilidad.

La ley del solo sí es sí se ha hecho por parte de una serie de personas que, se está demostrando, son totalmente ineptas para ejercer cualquier cargo de una mínima responsabilidad pública. Y no porque no comparta sus postulados políticos, sino porque tras la entrada en vigor de dicha ley, España es un lugar menos seguro para todos. Violadores confesos están viendo como se les rebaja la pena de prisión, y los que están en ciernes verán como desaparecen los alicientes para no abusar sexualmente de mujeres. Si van a poder irse de rositas, ¿para qué cortarse?

Cuando alguien promueve cambios de este calado de forma no habitual, con procedimientos abreviados y sin consultar cómo van a aplicarse los cambios y como van a afectar estos a las condenas firmes, se le tiene que frenar y corregir. No sirve el «así aprenderá, pegándose una hostia». Porque en casos como este, quien se va a pegar la hostia, somos nosotros, como sociedad. Y como sociedad, no podemos permitirnos pegarnos este tipo de batacazos.

Por esto no pueden permitirse estos cambios por el método abreviado, sin un debate a fondo de todo lo que conlleva el cambio. Pero igual de deleznable ha sido la actitud pasiva del Gobierno, del que cada día hay que sospechar más que no ha actuado con toda la buena fe que se le debería suponer, y que ha permitido llegar a esta situación, porque beneficia al partido, ya que «así se pegan ellos la hostia».

La irresponsabilidad, en este caso, no existe. Los políticos deberían dejar de querer ser como Su Majestad, que no mantiene ninguna responsabilidad por sus actos, y comportarse como lo que son. Ciudadanos normales con un cargo público, a los que se ha elegido para liderar el país y tomar decisiones y que, por tanto, tienen un nivel de responsabilidad muy superior al resto de nosotros. Y nosotros deberíamos responsabilizarnos también de nuestras decisiones, y responsabilizar al legislador por las suyas, cuando toque. Cuando alguien, cualquiera, hace las cosas mal, se le reprende. A los señores y señores diputados, los primeros.

La ley de empoderamiento de las personas frente a los algoritmos

Desde el pasado 1 de marzo, en China se aplica la primera ley del mundo que regula los algoritmos de internet. Y esto es de una importancia primordial. Se ha llegado a un punto en el que los algoritmos y los sistemas de recomendación controlan la mayor parte de, por no decir toda, nuestras vidas digitales. También muchos fragmentos de la vida que nos queda cuando apagamos el teléfono o el ordenador.

Hay mucha gente que sabe mucho más que yo, así que no voy a repetirme y explicar por qué lo de los algoritmos es una mala idea. Lo que haré es comentar brevemente, aprovechando un artículo de Alberto Romero, algunos de los aspectos de esta ley.

Tengan en cuenta que el original, en chino, se tradujo automáticamente al inglés, y yo hago la traducción al español. Todos los artículos comienzan con la frase «Los proveedores de servicios de recomendación algorítmicos».

Artículo 13: «…no generarán noticias falsas sintéticas, ni las diseminarán…»

Hoy en día, cuando ya sabemos que algunos sistemas de escritura automática —lo siento, pero aún me niego a llamarlo inteligencia artificial— ya pasan el Test de Turing, y que hay algoritmos que nos mantienen debatiendo entre nosotros, o con bots, que esto de la fabricación y distribución —y la amplificación— de estas noticias falsas sea punible por ley de forma explícita, es un gran paso. Imaginen que esto hubiera existido en 2016, durante la elección de Trump.

Artículo 14: «…no utilizarán algoritmos para registrar cuentas falsas, cuentas por transacciones ilegales, manipular cuentas de usuarios, o comentar, hacer favoritos o reenviar de forma falsa…»

La proliferación de cuentas falsas, con el fin de generar y amplificar discursos concretos, plantea hoy en día un problema sobre el funcionamiento de la democracia en muchos países, de los que España no es la excepción. La política catalana tampoco se escapa, y hablé de ello la semana pasada.

Pero no únicamente hablamos de la política, sino de la economía. Buscadores de precios, sistemas de recomendación… todo es presa de algoritmos que aprovechan tu historial de compras o visitas para mostrarte ciertos artículos a un precio más barato, a menudo por debajo del precio de coste, y así quebrar otros comercios. Y no hace falta decir nada de los sistemas de «review» de cualquier producto o servicio, plagado de comentarios falsos. Ya para aprovechar comisiones, o bien para hundir a la competencia.

Artículo 17: «… proveerán a los usuarios de opciones no personalizadas a sus características, o proveerán a los usuarios de una forma adecuada de desconectar el servicio de recomendación…»

Por último, el artículo clave: un botón que permita apagar el algoritmo, y poder disfrutar del servicio de la forma que uno prefiera.

Que esta ley tenga que llegar de China, paradigma del control totalitario, tiene narices. Sin embargo, es un modelo que habría que importar rápidamente en nuestro país. Una ley como esta, en vez de andar legislando por decreto para repartir partidas presupuestarias, sería algo muy bueno y bienvenido.

En el mundo hiperdigitalizado de hoy, una ley que regule los algoritmos a favor de las personas es ya no necesaria, sino imprescindible.