Desresponsabilización

Escribo estas notas a raíz del artículo «La unificación de doctrina del supremo solo afectará a una parte menor de los casos», sobre la famosa ley «solo sí es sí», publicado en El País el 19 de noviembre de 2022.

A menudo, cuando vemos que alguien va a cometer un error, o que puede causar algún perjuicio, ya sea a ellos mismos o a terceros, pensamos que es mejor no intervenir, que «así aprenderá». Esta des responsabilización es, en ocasiones, peligrosa.

Bajo la falsa premisa de «como a mí no me afecta, no voy a decir nada» se dejan pasar atrocidades. La (pen)última, la ley conocida como «solo sí es sí», que tras su aprobación, ha empezado a activar el circuito de solicitudes de revisión de penas, previsto en nuestro sistema legal.

Las leyes tienen un proceso de redacción, debate y aprobación, y es así por algo. Se ha escrito mucho y muy bien sobre todo lo que ha fallado en este proceso legislativo. Pero hoy quiero —y deberíamos todos— incidir en una salvaguarda importante que ha fallado: la responsabilidad.

La ley del solo sí es sí se ha hecho por parte de una serie de personas que, se está demostrando, son totalmente ineptas para ejercer cualquier cargo de una mínima responsabilidad pública. Y no porque no comparta sus postulados políticos, sino porque tras la entrada en vigor de dicha ley, España es un lugar menos seguro para todos. Violadores confesos están viendo como se les rebaja la pena de prisión, y los que están en ciernes verán como desaparecen los alicientes para no abusar sexualmente de mujeres. Si van a poder irse de rositas, ¿para qué cortarse?

Cuando alguien promueve cambios de este calado de forma no habitual, con procedimientos abreviados y sin consultar cómo van a aplicarse los cambios y como van a afectar estos a las condenas firmes, se le tiene que frenar y corregir. No sirve el «así aprenderá, pegándose una hostia». Porque en casos como este, quien se va a pegar la hostia, somos nosotros, como sociedad. Y como sociedad, no podemos permitirnos pegarnos este tipo de batacazos.

Por esto no pueden permitirse estos cambios por el método abreviado, sin un debate a fondo de todo lo que conlleva el cambio. Pero igual de deleznable ha sido la actitud pasiva del Gobierno, del que cada día hay que sospechar más que no ha actuado con toda la buena fe que se le debería suponer, y que ha permitido llegar a esta situación, porque beneficia al partido, ya que «así se pegan ellos la hostia».

La irresponsabilidad, en este caso, no existe. Los políticos deberían dejar de querer ser como Su Majestad, que no mantiene ninguna responsabilidad por sus actos, y comportarse como lo que son. Ciudadanos normales con un cargo público, a los que se ha elegido para liderar el país y tomar decisiones y que, por tanto, tienen un nivel de responsabilidad muy superior al resto de nosotros. Y nosotros deberíamos responsabilizarnos también de nuestras decisiones, y responsabilizar al legislador por las suyas, cuando toque. Cuando alguien, cualquiera, hace las cosas mal, se le reprende. A los señores y señores diputados, los primeros.

Política irresponsable

A menudo, cuando vemos que alguien va a hacer alguna cosa errónea, o que puede causar perjuicios, ya sea a quien va a realizar esa acción o bien a terceros, pensamos que es mejor no intervenir, ya que «así aprenderá». Esta des responsabilización es, en ocasiones, peligrosa. Ya sea por la excusa del «con las hostias se aprende», o bajo la falsa premisa de «como a mí no me afecta, no digo nada», se dejan pasar verdaderas atrocidades. La última es la Ley de Garantías de Libertad Sexual.

Las leyes tienen un proceso de redacción y aprobación, y ese proceso es así por algo. Se ha escrito mucho y muy bien sobre todo lo que ha fallado en este proceso legislativo. Hoy quiero, y debo —y deberíamos todos—, incidir en la otra salvaguarda que ha fallado: la responsabilidad individual y colectiva.

La ley de «solo sí es sí» la ha hecho una serie de personas que, como se está viendo, son totalmente ineptas para ejercer cualquier cargo con una mínima responsabilidad pública. Gobernar —porque forman parte del Gobierno— no significa hacer lo que les venga en gana, sino trabajar para todos y cada uno de los ciudadanos. Pero, como digo, cuando uno rompe más cosas de las que arregla, es un inepto. Y no lo digo porque no comparta sus postulados políticos, sino porque tras la entrada en vigor de la ley, España es un lugar más inseguro. Violadores confesos van a ver como se les rebaja la condena, y los que están en ciernes verán que, si van a poder irse de rositas, ¿para qué cortarse?

Cuando se promueven cambios que, según todas las advertencias, pueden ser de este calado, se le tiene que frenar. No sirve lo de «así aprenderán», porque en estos casos quien se pega la hostia, pero de verdad, somos nosotros mismos, como sociedad. Y no nos lo podemos permitir. Por eso, no debería poder hacer cambios de tanta afectación «por el método abreviado», saltándose un debate de fondo de todo lo que conlleva esos cambios.

Y aquí entra la actitud pasiva del Ejecutivo (y los demás grupos que han dado su apoyo), que sospecho que puede no haber actuado con toda la buena fe que se le debería suponer, ya que ha permitido llegar a esta situación. Porque igual puede beneficiarle a nivel de partido, puesto que «así se pegan ellos la hostia». El PSOE lideró grandes cambios legislativos en el pasado —divorcio, aborto, matrimonio homosexual…—, y por eso se le supone cierto saber hacer las cosas bien. Y las cosas no se han hecho bien, por lo que en este caso no existe la irresponsabilidad.

Los políticos deberían dejar de querer ser como Su Majestad, cuyos actos no tienen responsabilidad alguna, y comportarse como lo que son: personas normales a las que se las ha elegido para liderar el país y tomar decisiones. Y por esas decisiones, el resto de los ciudadanos deberíamos responsabilizarles cuando toque. A unos por el estropicio que está causando, y a los otros por no haber impedido llegar hasta aquí.